ARTICULO DE OPINIÓN // EL TIRO RAPIDO: “ LA PROPUESTA DE RAY GUEVARA” // POR MARIO RIVADULLA

De “incierto”  calificó el futuro de la Justicia Dominicana el doctor Milton Ray Guevara al pronunciar el discurso de orden durante la presentación del Boletín Constitucional y del Repertorio Jurisprudencial 2013, llevada a cabo en la sede principal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la ciudad de Santiago.

Partiendo de esa preocupación,  Ray Guevara propuso un debate para la elaboración de un “Plan Estratégico Nacional” a fin de establecer los principios rectores y lineamientos para la mejor administración de justicia, requisito esencial para sentar las bases que planteó de “una sociedad dominicana más justa y más humana”. 

No fue remiso el destacado jurista en reconocer en el curso de su exposición que la inseguridad en el país no es percibida por la ciudadanía únicamente focalizada en la delincuencia y el crimen organizado, sino que también involucra la falta de sanción que origina un clima de impunidad propicio a la reincidencia.    

La crítica al Poder Judicial  figuró implícita y alcanzó por igual a la jurisdicción inmobiliaria que tildó de “caótica” por el vacío que origina de seguridad jurídica,  tanto para los inversionistas dominicanos como extranjeros, que ven amenazada de continuo la posesión y disfrute de propiedades adquiridas legalmente y que se encuentran debidamente tituladas.

Cierto que las fallas que anotó el doctor Ray Guevara han sido aireadas en otras ocasiones y desde otros litorales.  Pero externadas por quien como él preside el Tribunal Constitucional, que es la instancia de superior peso jurídico dentro del sistema nacional de justicia, tienen un valor especial, igual que el que ha mostrado al no temer reconocerlas. 

Atinada y oportuna por consiguiente, su sugerencia de someter a debate el Plan Estratégico Nacional que propone y permita profundizar en las fallas, necesidades y correctivos de la Administración de Justicia, la indispensable zapata jurídica en que se asienta la institucionalidad del Estado y la seguridad ciudadana.

Para ello se requerirá, sin embargo, que el Poder Judicial deje de ser una especie de “Cenicienta” o de “pariente pobre” en la distribución del Presupuesto Nacional, a fin de que pueda disponer de los suficientes recursos materiales y humanos calificados y probos que se requieren al logro de una correcta administración de justicia, que garantice la seguridad jurídica para todos, en todas las instancias y en todas las situaciones.

De esperar que la propuesta del Presidente del Tribunal Constitucional sea acogida con el interés y la importancia que amerita.

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