Articulo de Opinión // "La política criminal del Estado dominicano" // Por Alfonso Reyes

Una de las obligaciones fundamentales del Estado es mantener  y proteger a sus ciudadanos y a los extranjeros que se encuentran en su interior, sin tomar en cuenta la calidad en que lo hagan. Con frecuencia se escucha a la gente del pueblo expresar que el Estado no le está garantizando el libre tránsito con la seguridad debida para realizar sus labores cotidianas. Quienes así se expresan tienen toda la razón, desde hace años, el tema relativo a la seguridad se ha convertido en la principal preocupación, pero no solo del ciudadano pura y simple, sino también para las instituciones morales de la sociedad.

La gente se pregunta, en muchos casos, estará el Estado ejecutando una política criminal diseñada, organizada, concebida e implementada para combatir efectivamente el crimen que sí parece estar bien organizado, evidentemente que no. Sin embargo, la Constitución manda, a través de la ley de Ministerio Público, la creación de una política dirigida a la persecución del crimen, tal y como ocurre en todos los países de América y del resto del mundo. La situación planteada así, conlleva la realización de varias interrogantes. ¿Por qué el Ministerio Público no ha elaborado una política criminal efectiva?, ¿No le interesa?, ¿Fuerzas Políticas lo impiden? ¿Hay personas que se benefician de esa situación?, ¿el Ministerio Público está comprometido con el Crimen?. Es seguro que todas esas interrogantes se mantienen latentes en la sociedad.

Evidentemente que las respuestas a todas estas interrogantes sólo quedarían respondidas mediante un análisis profundo sobre la situación del Ministerio Público. Se recuerda que hace más de diez años cuando fue cambiado el Código de Procedimiento Criminal por el actual, es decir, el Código Procesal Penal; el motivo principal fue que el anterior era un código persecutor-inquisitorio, por lo que era necesario un código garantista, similar a los existentes en la mayor parte de los países de América Latina, se decía también que la cárceles estaban llenas de reos preventivos y muy pocas personas condenadas a sentencias definitivas.

Los resultados como consecuencia de la aplicación de la modificación al Código Persecutor han sido negativos respectos de las dos motivaciones esgrimidas en esa oportunidad. Tenemos más presos preventivos, de decir de 12 mil que había en el momento de la aplicación se pasó a 26 mil y más que hay actualmente; de igual manera, existe la queja frecuente de que por un lado, los delincuentes son detenidos, pero fácilmente logran su libertad.

Ante la situación descrita, sin entrar en otras consideraciones colaterales al problema de la criminalidad, cabe preguntarse, El Estado se ha sentado a evaluar la política criminal, para determinar dónde ha estado la falla o si el Código está rindiendo los resultados esperados, evidentemente que no. Entonces es por esa razón que la gente dice, con sobrada razón, que cada día aumenta la criminalidad, sin que se vislumbren acciones dirigidas a hacer cambiar el curso del diario vivir de los dominicanos.

Estimo que el Ministerio Público, órgano diseñador de la política criminal del Estado, está en la obligación de organizar y realizar una evaluación profunda sobre la situación en que se encuentra el crimen organizado en la República Dominicana. No quedarse en la realización de parche, como ha sido la costumbre durante años. Esa evaluación científica que deberá hacerse con los especialistas que en el país los hay muy buenos, debe concluir con un diagnóstico objetivo del problema para a través de él aplicar los correctivos procedimentales necesarios a los fines de que el Estado dominicano cuente con una política criminal que deberá atacar fundamentalmente las causas del problema.